El burdel, bajo la apariencia de hotel con sala de fiesta, se había convertido en lo más parecido a una ‘cárcel’ para las meretrices, endeudadas con una red de proxenetas con ramificaciones en España y Colombia que las amenazaban a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas
Agentes de la Policía Nacional han liberado a 28 mujeres que eran explotadas sexualmente en un club de alterne en la localidad malagueña de Fuente de Piedra; el establecimiento ha sido clausurado de modo cautelar por orden de la autoridad judicial. Entre las afectadas han sido localizadas ocho víctimas de trata de seres humanos.
Por su parte, siete personas han sido detenidas en la provincia por su presunta implicación, según el grado de implicación, en los delitos de trata de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra el derecho de los trabajadores, agresión sexual, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. A lo largo de la investigación se han activado los mecanismos de cooperación y coordinación policial internacional con la Policía Nacional de Colombia, país de procedencia de la mayoría de las perjudicadas, permitiendo seguir la pista de varias víctimas de trata desde su captación en Sudamérica hasta su llegada al prostíbulo en España.
El burdel de Fuente de Piedra, bajo la apariencia de hotel con sala de fiesta, se había convertido en lo más parecido a una ‘cárcel’ para las meretrices, endeudadas con la trama y amenazadas a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas.
La denominada operación “Flamencos”, llevada a cabo por el Grupo III de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga, con la colaboración de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y de la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social, permitió desarticular una red de alcance internacional, con una rama española y otra colombiana, cuyos miembros se dedicaban de manera concertada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos conexos.
Precisamente, la investigación se inició en octubre del pasado año a partir de la localización de dos de las víctimas, en una actuación policial emprendida por patrullas adscritas a Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Antequera, que informaron de la situación a la unidad policial competente.
Captadas en origen bajo engaño
En el organigrama interno de la organización, por un lado, se hallaba la rama colombiana, encargada de la captación de víctimas en origen para, mediante engaño, convencerlas de viajar a España para ejercer la prostitución en unas condiciones ‘idílicas’. Una vez reclutadas, la estructura española gestionaba todo lo necesario para su traslado y entrada en territorio nacional: pasajes de avión, dinero en efectivo o reservas de hotel. De esta manera, tras su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid, las víctimas obtenían una tarjeta telefónica y recibían seguidamente las oportunas indicaciones para llegar hasta la estación de tren de Santa Ana, en Antequera, donde otro miembro de la red las trasladaba al club.
Una vez en el prostíbulo, las mujeres conocían cuál era el montante real de su deuda con el grupo criminal, incrementada de manera “desproporcionada” con conceptos ficticios según la investigación, y descubrían las condiciones abusivas, gravosas y restrictivas de derechos a las que se enfrentaban, lucrándose la trama sistemáticamente de la explotación sexual de las meretrices con la obtención de altos réditos económicos, en función de los servicios ofertados, los cuales eran fijados, controlados y supervisados por los proxenetas.
A lo largo de la investigación, los agentes también pudieron constatar que las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución en jornadas interminables, sin importar que estuvieran enfermas o incluso con el ciclo de menstruación; además eran aleccionadas para ofrecer a los clientes sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, fomentando su consumo a cambio de una contraprestación.
Recluidas en el burdel, sin contrato de trabajo -no estaban dadas de alta en la Seguridad Social- y bajo las amenaza de los miembros de la red, no solo hacía ellas mismas, sino también con el miedo de que sus familiares pudieran ser objeto de algún tipo de represalia en Colombia, las víctimas estaban a merced de la organización criminal, en situación de total vulnerabilidad.
Finalmente, fruto del operativo, se procedió a la detención de siete personas, desarticulando por completo el liderazgo de la organización criminal y su rama española, así como gran parte de su financiación mediante la clausura judicial del prostíbulo y el bloqueo de cuentas bancarias y bienes por valor de 2,3 millones de euros, interviniendo tres vehículos y 133.482 euros en efectivo; un arma corta de fuego -en el domicilio del líder de la trama-; un puño americano; una defensa extensible; diversa documentación acreditativa en relación a los delitos investigados como hojas de control de servicios sexuales y la libreta donde la organización llevaba el control de la deuda de las víctimas de trata, así como sustancias estupefacientes dispuestas en dosis para consumo individual.
Cabe reseñar, que la autoridad judicial decretó prisión provisional sin fianza para dos de los principales investigados.
