Desde CGT piden que el servicio sea prestado directamente por la institución provincial y que obligue a la UTE a respetar los servicios mínimos
La diputada provincial Desirée Cortés ha exigido esta mañana al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que se implique en la mejora de las condiciones de los trabajadores de la planta de Valsequillo, ahora en huelga. «Lo hacemos también para darle voz y apoyo al sindicato CGT, que es el convocante dentro de una situación que afecta a 50 empleados que, día tras día, sacan adelante un servicio que es esencial», ha dicho.
Acompañada por el también diputado provincial Manuel Lara y por el representante de CGT Miguel Montenegro, Cortés ha lamentado la «actitud de connivencia» del PP de Francisco Salado, al que solicita que reclame a la UTE Envases Ligeros de Málaga «el cumplimiento estricto de las condiciones en materia laboral y de seguridad o rescinda el contrato» con la concesionaria del servicio de procesado de residuos que afecta a 90 municipios de la provincia.
Para Cortés, el PP en la Diputación «mira para otro lado mientras sus ayuntamientos de su misma sigla están teniendo una deuda millonaria con los consorcios provinciales como ocurre con el de residuos, cuya deuda es de 3 millones de euros». «Por contra, los trabajadores no tienen un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales y siguen perdiendo poder adquisitivo, más de un 15% en los últimos 4 años a lo que se suma el pésimo estado de los vehículos, lo que pone en riesgo su seguridad y salud», ha añadido.
Por su parte, Lara ha lamentado «la vergüenza de la situación que sufren estos trabajadores, la Diputación de Málaga está en boca de todos por un hecho lamentable y triste que no es otro que la falta de dignidad en las condiciones laborales y de seguridad por la que están pasando más de 50 familias que dependen de este empleo».
Para Lara, este conflicto debe solucionarse antes del verano «por el aumento que sufriremos ante la llegada de turistas, en algunos casos, duplicando la población», ha concluido.
Por último, Montenegro ha agradecido al PSOE que se haga eco de la conflictividad laboral «que está provocando la UTE Envases Ligeros Málaga, formada por FCC y Urbaser, dos empresas que vienen directamente a aprovecharse del dinero público para beneficio privado, para lucrarse». Desde CGT han criticado que se tilde la protesta laboral desde un aspecto exclusivamente económico «cuando lo que pedimos es seguridad en el trabajo, sobre todo por el estado en el que están los vehículos».
En este sentido, ha recordado que la Diputación de Málaga debe velar por el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, por la seguridad y salud de los trabajadores y por el impacto en la ciudadanía. «No se debería permitir que estos vehículos sigan circulando como tampoco que no haya un convenio colectivo que permita aplicar las medidas que se están llevando a cabo desde el gobierno central para no perder poder adquisitivo o en cuanto a la ley de familias. Desde que la UTE se hizo cargo de la concesión se ha perdido un 20% de poder adquisitivo, un 15% en los últimos cuatro años».
Por ello, desde CGT, han pedido la eliminación de la concesión privada de este servicio y que vuelva a ser prestado por la Diputación de Málaga de forma directa así como que haga que se respeten los servicios mínimos, al tiempo que ha lamentado la «total indefensión que sufren estos trabajadores», ha concluido.
