El delegado territorial del Ejecutivo andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo y el alcalde de Antequera, Manolo Barón, mantuvieron ayer un encuentro en el Consistorio, acompañados por el primer teniente de alcalde y delegado de Obras, José Ramón Carmona y la concejala de Urbanismo, Teresa Molina; para rubricar el documento.
Debido al deterioro de las viviendas, con problemas estructurales arrastrados desde hace 15 años, a causa de corrimientos de tierra, no se considera viable la rehabilitación de los nueve inmuebles afectados, por lo que en próximas fechas se iniciará la demolición de las viviendas. Posteriormente, tal y como tiene previsto el Ayuntamiento, se construirá una plaza en este mismo punto del denominado cerro de la Cruz.
Junto a estas actuaciones, se retomará la construcción del edificio que se planificó en Camino de la Campsa, donde se ha acordado reubicar a los inquilinos afectados. Además, el convenio también contempla asumir en el presupuesto global, que asciende a 1,4 millones de euros, los gastos del realojo temporal y la realización de las funciones de gestión técnica e información.
Según ha dado a conocer la Junta este jueves, tanto Ministerio de Fomento como la Consejería del ramo se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones a través de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el Convenio de Colaboración para la ejecución del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria, y regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
Para llegar a este acuerdo, la Junta solicitó al Gobierno central la financiación del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Veracruz en Antequera, de conformidad con lo acordado en la Claúsula Novena de dicho Convenio de Colaboración suscrito por ambas administraciones.
Según las previsiones, las actuaciones deberían comenzar a comienzos de noviembre y finalizar antes de que acabe 2017. Con ello se podrá fin a un problema que parte de los vecinos de este barrio llevan sufriendo desde comienzos de siglo, pero en el que las Administraciones local, regional y estatal, no han puesto de acuerdo para su solución hasta el pasado verano. Y ello después de que las familias afectadas acabaran llevando esta situación al Parlamento Andaluz.
