Así lo han acordado el Consistorio y la Junta de Andalucía en la reunión mantenida este jueves en la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, donde se han analizado cifras y se han acercado posturas en cuanto a la financiación y a la aportación de cada administración para concretar la solución a las familias afectadas, que pasada por su reubicación en la promoción de viviendas públicas que se construirían en el Camino de la Campsa.
La propuesta del Ayuntamiento es dividir su aportación en un pago «en especie», a través de su programa de obras, que se elevaría hasta los 236.000 euros del presupuesto de ejecución de la obra de regeneración urbana en Veracruz, «y el resto lo haría en metálico».
Esta última aportación coincide con la cuantía que ya se planteó por parte de la Administración local en el Pleno del pasado mes de abril, donde se habló de una misma participación también por parte de la Junta y el Gobierno central. Eso sí, el medio millón del montante global también se equipara a la cifra que propuso el Grupo Socialista una moción, que finalmente fue rechazada, ya que la consideraban suficiente, o al menos «el inicio de la solución».
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se ha mostrado muy satisfecho por el acuerdo alcanzado al término de la reunión, en la que ha agradecido la «buena» predisposición de la Administración autonómica para resolver este asunto cuanto antes. Según han informado, quedan pendientes unos «flecos», para terminar de cerrar la participación que le correspondería a cada administración, y perfilar determinados aspectos del proyecto, que ya han quedado en cerrar técnicos del Ayuntamiento y de la Administración autonómica, «para que sea un proyecto que se adecue correctamente a lo que establece el programa» del Plan de Vivienda y Regeneración Urbana del Estado.
La idea es que a primeros de septiembre puedan suscribirse los acuerdos necesarios, para posteriormente establecer el convenio de construcción, donde se establecerán las formas de cómo se van a desarrollar los proyectos y los plazos de certificaciones de obras.
El objetivo, según han indicado el delegado territorial de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo tras el encuentro es que se pueda iniciar las actuaciones en este año y se pudiera finalizar antes de que acabe 2017.
Además de Barón y Ruiz Espejo, también han estado presentes, la secretaria general técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda, Carolina Madueño; el teniente de alcalde y concejal de Obras, José Ramón Carmona; la concejal de Urbanismo, Teresa Molina, representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea local, y técnicos de ambas administraciones.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se ha mostrado muy satisfecho por el acuerdo alcanzado al término de la reunión, en la que ha agradecido la «buena» predisposición de la Administración autonómica para resolver este asunto cuanto antes. Según han informado, quedan pendientes unos «flecos», para terminar de cerrar la participación que le correspondería a cada administración, y perfilar determinados aspectos del proyecto, que ya han quedado en cerrar técnicos del Ayuntamiento y de la Administración autonómica, «para que sea un proyecto que se adecue correctamente a lo que establece el programa» del Plan de Vivienda y Regeneración Urbana del Estado.
La idea es que a primeros de septiembre puedan suscribirse los acuerdos necesarios, para posteriormente establecer el convenio de construcción, donde se establecerán las formas de cómo se van a desarrollar los proyectos y los plazos de certificaciones de obras.
El objetivo, según han indicado el delegado territorial de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo tras el encuentro es que se pueda iniciar las actuaciones en este año y se pudiera finalizar antes de que acabe 2017.
Además de Barón y Ruiz Espejo, también han estado presentes, la secretaria general técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda, Carolina Madueño; el teniente de alcalde y concejal de Obras, José Ramón Carmona; la concejal de Urbanismo, Teresa Molina, representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea local, y técnicos de ambas administraciones.
