El Ayuntamiento de Humilladero presentó la semana pasada los datos y resultados de la auditoría realizada al mismo, que arrojó una cuantía de la deuda total municipal del Consistorio a día 13 de junio de 2015, que asciende a 2,7 millones de euros.
Además, Heredia apuntó que, teniendo en cuenta la liquidación del presupuesto de 2014 y 2015, los auditores destacan el elevado nivel de financiación externa (subvenciones de otras administraciones públicas) y el bajo índice de autonomía fiscal del mismo.
Préstamos
El teniente de alcalde, Miguel Ángel Pérez, detalló los cuatro préstamos que el Ayuntamiento debe pagar: la Residencia de la Tercera Edad, que con un coste 900.000 euros, se deben 300.000. Obras municipales y terminar la residencia, valorado en 720.000, restan 420.000 por pagar. El Plan de Pago a Proveedores, de 420.000 euros y que aún no se ha empezado a pagar. Por último, el de Royán Bermudo, que implicaba un coste de 823.000 euros, de los que quedan por pagar 741.000.
También resaltó que en préstamos el Ayuntamiento tiene una deuda de 366 millones de pesetas, más 8.000 euros al mes del pabellón.
Por su parte la alcaldesa, Ana Isabel Pérez, señaló los datos económicos y financieros de la Sociedad Parque Industrial de Nuevas Tecnologías, Venta y/o permuta de Arenas Polígono Royán Bermudo, Operación de préstamo a largo plazo y Recibos de agua anulados.
Del primero, operación con un préstamo de 3.800.000 euros, Pérez ha señalado que se han encontrado con actuaciones de las que se desprenden una serie de “incumplimientos” en la contratación, falta de informes periciales valorativos de los bienes y ausencia de procedimientos para la cesión del bien.
Del segundo expediente puntualizó datos similares: vacío documental e incumplimientos sobre el uso del bien municipal por la Secretaría Municipal, también en el pago de la contraprestación económica y en los plazos de ejecución y posterior prórroga.
En cuanto a la Operación de préstamo a largo plazo, la edil destacó que ha sido tratada y tramitada como una “operación para atender necesidades de tesorería”, pero como un préstamo a largo plazo para dar la apariencia de cobertura legal a una operación que no cuenta con respaldo normativo, ya que estas operaciones se hacen a corto plazo.
Del último expediente, la alcaldesa que el anterior Equipo de Gobierno tomó la decisión política de “no facturar recibos y anular recibos” por valor total de 115.933,75 euros a la empresa privada que gestiona el camping.
Para terminar Pérez cerró añadiendo que los expedientes están siendo evaluados por los asesores jurídicos del Ayuntamiento y, tras su análisis, “se tomarán las medidas oportunas, pues se han encontrado indicios más que evidentes para depurar responsabilidades”.
