El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, ha comparecido hoy ante los medios para dar a conocer que tras el anuncio en los medios de comunicación de un nuevo proceso de regularización y legalización de las viviendas en las zonas no urbanas, en Antequera sólo se podrán ver beneficiadas unas diez viviendas situadas en las zonas del Portón, Ventorrillo y la Magdalena.
Carmona ha denunciado así el poco alcance de las medidas ejecutadas, ya que en toda Andalucía existen unas 300.000 viviendas ilegales, unas 50.000 en la provincia de Málaga y unas 1.500 en el caso concreto de Antequera.
El concejal de Urbanismo también ha criticado la promesa que la Junta de Andalucía hizo antes de la elecciones autonómicas, en la que prometía que legalizaría la situación del 90 por ciento de las viviendas ilegales de toda Andalucía, a través del Decreto AFO. Sin embargo, como señaló Carmona, “este decreto sólo ha beneficiado al 0,2 por ciento de las viviendas ilegales de Málaga, al 0,1 por ciento de las de Andalucía y a cuatro viviendas de Antequera”.
Así, y tras resaltar la ineficacia de este decreto, Carmona ha dado a conocer que en Andalucía se va a llevar a cabo un nuevo proceso de legalización de viviendas. Sin embargo, destaca el hecho de que, tras los requisitos establecidos por la Junta de Andalucía, en Antequera sólo se van a beneficiar unas diez viviendas. Esto se debe a que excluye a todas las viviendas que se encuentren en suelo protegido, ya que se basa en los límites establecidos según el Plan Especial de Medio Físico aprobado en 1987.
Un caso concreto es el de la zona del Portón, donde la mayoría de las viviendas y cuya delimitación se establecieron en los años 80, antes de que se estableciera el Plan de Medio Físico. De esta manera, Carmona ha resaltado que desde el Ayuntamiento de Antequera están haciendo todo lo posible para conseguir la regularización de la mayor parte de las vivienda irregulares en la zona, sin embargo, también destaca que, “tras haber entregado todos los informes favorables, la decisión final es una decisión política”.
Carmona ha destacado en este punto que “políticamente no hay voluntad arreglar esta situación, dado que le estuvieron pidiendo los informes desde la delegación de Málaga y cuando lo habían entregado todo le dijeron que el caso había pasado a Sevilla, a donde acudieron para seguir tratando el tema sin que allí, ni siquiera supieran del tema”.
