El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Antequera se ha posicionado en la mañana de hoy sobre algunos temas que se debatirán en el próximo pleno del lunes. Así, su portavoz, Rosa Torres, ha declarado en relación al proyecto de reforma de la ley del aborto, que se trata de un debate «que no debería haberse reabierto», ya que tras la ley de 1985, que contó con un amplio consenso social, y la de 2010, que modernizó la anterior, «adaptándola a otros países democráticos y en función a compromisos internacionales».
El gobierno de Rajoy está situando a España en el ojo de mira de toda Europa ante «la deriva ultraderechista» a la que el PP está llevando a España, según Torres. De esta manera, pedirán al pleno la aprobación de una moción que pide la retirada de este proyecto de reforma de ley que, han asegurado desde el PSOE, «cercena el derecho de la mujer de hacer un uso libre de su sexualidad y su cuerpo».
Por otra parte, el concejal socialista Manuel Chicón ha querido destacar el descenso de la cuantía destinada al ayuntamiento de Antequera por parte del gobierno central a través de la Participación en los Tributos del Estado. Según Chicón, en 2014 llegarán a Antequera casi 270.000 euros menos que en 2013, pasando la cuantía total de 8.200.000 euros a 7.935.000 euros en 2014. El concejal ha pedido al alcalde, Manuel Barón, «que sea valiente y pida a Rajoy lo que pertenece a la provincia de Málaga y a Antequera», situación que contrasta con «la valentía que sí muestra a la hora de colgar pancartas reclamando dinero a la Junta», hecho que para Chicón demuestra que «el único interés del alcalde es su posicionamiento dentro del PP y no los antequeranos».
Finalmente, la portavoz, Rosa Torres, ha querido realizar unas declaraciones en relación a las quejas del PP por el cierre de la Oficina de Rehabilitación de Vivienda en Antequera. Según Torres, el poner en funcionamiento esta oficina de manera inmediata no es posible, ya que, son los Presupuestos del Estado para 2013 los que impiden que se prorroguen las contrataciones en este tipo de oficinas de titularidad autonómica. Han asegurado que sólo una sentencia judicial a través de un proceso que ya se ha iniciado y que cuenta con el apoyo del Partido Socialista, permitiría readmitir a esos trabajadores que ahora se encuentran en la calle, siendo una situación que desean que sea puesta en marcha de nuevo ya que «supone un bien para los ciudadanos».
