El vicesecretario municipal del PP de Málaga y concejal deUrbanismo del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, ha anunciado que el equipo de gobierno del Partido Popular de Antequera va a iniciar un procedimiento contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía por el estado en el que mantiene el puente sobre el Río Guadalhorce de la realenga de Bobadilla al Valle de Abdalajís.
«El estado de extremo peligro en el que se encuentra la infraestructura y las repetidas negativas e indiferencia que hemos recibido por parte del gobierno andaluz con respecto a ello, no nos han dejado otro camino que iniciar un procedimiento legal una vez que se han finalizado todos los trámites administrativos posibles, para que sean los tribunales los que decidan acerca de este tema», ha asegurado Carmona.
El Partido Popular ha solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno andaluz que lleve a cabo las actuaciones de mejora en este puente, ya que desde el PP han resaltado el estado lamentable de esta infraestructura desde hace más de un año, cuando en septiembre de 2012 se produjeron grandes inundaciones que causaron graves daños en la zona, con lo que se agravó considerablemente el estado de una barandilla que ya entonces presentaba muy mal estado ya que llevaba sin reponerse más de diez años, según Carmona.
«No podemos permitir que el puente siga en este estado, poniendo en peligro a los vecinos que transitan a diario por él mientras la Junta de Andalucía mira para otro lado y hace como si nada fuera con ellos», ha asegurado el edil del Partido Popular de Antequera, que ha lamentado que el gobierno andaluz formado por IU y PSOE haya llegado incluso a no reconocer que el puente es de su competencia. Carmona ha afirmado que «el Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados ante esta situación, porque en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. La Junta de Andalucía debe cumplir con sus obligaciones».
El recurso contencioso-administrativo se inicia una vez finalizada la vía administrativa, cuando ya se ha reclamado ante la Administración, se han presentado los recursos que la ley pone a disposición del demandante y no se han conseguido sus pretensiones, por lo que el PP pide que sean los tribunales los que resuelvan la controversia a través de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trata de un control, siguiendo criterios de legalidad, que se ejerce sobre el comportamiento general de la Administración, incluyendo sus actos administrativos, su inactividad e incluso su actuación material por vía de hecho.
