Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga ha otorgado medidas cautelares a los cinco escolares de Primaria en Antequera para que comiencen el curso en el colegio María Inmaculada.
La medida llegó la semana pasada a los padres de estos alumnos que llevan ya dos años luchando porque los pequeños consigan su plaza definitiva en este centro elegido por los tutores. Aún así los padres reconocen que este no es el final del proceso ya que ahora se abre un camino judicial que podría durar varios años hasta que un juez dé la sentencia definitiva.
Además los padres aseguran sentirse engañados por los responsables de la Consejería de Educación que el pasado mes de julio en una reunión, en la que estuvieron presentes todas las partes implicadas, les prometieron que la resolución llegaría en los primeros días de septiembre. «Nos reconocieron que hubo un error de comunicación entre las administraciones y que los perjudicados eran los niños y que para antes de que comenzara el curso el tema estaría solucionado, pero seguimos esperando la respuesta», dijo el representante de los padres, Alberto Arana.
Los padres sostuvieron desde el principio queexistía un fraude en el censo de la matriculación de algunos de los alumnos que ingresaron el curso pasado, para ello, durante varios meses reunieron pruebas suficientes, informes policiales e incluso de detectives privados que acreditaban estos hechos, presentando toda esta documentación a la administración competente que decretó la escolarización cautelar de los niños mientras se esclarecían los hechos. «Sólo nos atendieron después de varias manifestaciones, una de ellas, en la visita de la ahora presidenta de la Junta de Andalucía, pero seguimos esperando la resolución que evitaría seguir con un proceso que para nosotros es angustioso y costoso», explicó.
Ahora, los pequeños comenzarán mañana un nuevo curso en la misma situación que el pasado año, con una escolarización cautelar que no les reconoce el derecho a contar con plaza en este centro.»Estamos cansados de que nos reúnan y nos digan que llevamos la razón pero la decisión de autorizarnos en firme no llega, es más si no hubiéramos abierto la denuncia en un juzgado de lo contencioso-administrativo ahora estaríamos sin plaza y esperando la respuesta de Educación», añadió este padre.
La medida llegó la semana pasada a los padres de estos alumnos que llevan ya dos años luchando porque los pequeños consigan su plaza definitiva en este centro elegido por los tutores. Aún así los padres reconocen que este no es el final del proceso ya que ahora se abre un camino judicial que podría durar varios años hasta que un juez dé la sentencia definitiva.
Además los padres aseguran sentirse engañados por los responsables de la Consejería de Educación que el pasado mes de julio en una reunión, en la que estuvieron presentes todas las partes implicadas, les prometieron que la resolución llegaría en los primeros días de septiembre. «Nos reconocieron que hubo un error de comunicación entre las administraciones y que los perjudicados eran los niños y que para antes de que comenzara el curso el tema estaría solucionado, pero seguimos esperando la respuesta», dijo el representante de los padres, Alberto Arana.
Los padres sostuvieron desde el principio queexistía un fraude en el censo de la matriculación de algunos de los alumnos que ingresaron el curso pasado, para ello, durante varios meses reunieron pruebas suficientes, informes policiales e incluso de detectives privados que acreditaban estos hechos, presentando toda esta documentación a la administración competente que decretó la escolarización cautelar de los niños mientras se esclarecían los hechos. «Sólo nos atendieron después de varias manifestaciones, una de ellas, en la visita de la ahora presidenta de la Junta de Andalucía, pero seguimos esperando la resolución que evitaría seguir con un proceso que para nosotros es angustioso y costoso», explicó.
Ahora, los pequeños comenzarán mañana un nuevo curso en la misma situación que el pasado año, con una escolarización cautelar que no les reconoce el derecho a contar con plaza en este centro.»Estamos cansados de que nos reúnan y nos digan que llevamos la razón pero la decisión de autorizarnos en firme no llega, es más si no hubiéramos abierto la denuncia en un juzgado de lo contencioso-administrativo ahora estaríamos sin plaza y esperando la respuesta de Educación», añadió este padre.
