Agentes pertenecientes al Equipo de Investigación del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Málaga han procedido a la investigación judicial de 35 personas (promotores y constructores) por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, tras llevar a cabo la construcción de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable en Villanueva de la Concepción. Se trata de la denominada operación ‘Oca’.
La investigación se inició en febrero de 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los anteriores alcaldes, el cual denunciaba al regidor entrante por la falta de diligencia en la resolución de los expedientes urbanísticos iniciados durante su legislatura y que habrían quedado paralizados con la actual corporación municipal.
Los agentes realizaron numerosas inspecciones urbanísticas y se analizaron más de 8.000 documentos relacionados con los expedientes, en los que se pudo comprobar cómo después de julio del 2010, por parte de algunos funcionarios municipales, se formularon numerosas denuncias en materia de urbanismo que fueron calificadas por el secretario municipal como de sorprendentes.
Sin embargo, se comprobó que por parte de ambos alcaldes se había hecho dejación voluntaria y consciente de sus facultades de disciplina urbanística, provocando que los expedientes sancionadores y de reposición de la realidad urbanística incoados terminasen sin resolución o sin imposición de sanción alguna o medida de restablecimiento del orden jurídico perturbado, permitiendo de este modo que las diversas construcciones ilegales en suelo no urbanizable permanecieran sin alteración ni sanción alguna, pese a tener conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo.
La investigación ha sido llevada a cabo bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, quien ha interpuesto querella contra los dos regidores por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
Desde el Seprona de la Guardia Civil se recuerda que la realización de una construcción careciendo de la preceptiva licencia y otros permisos o en suelos donde no esté permitido por los planeamientos urbanísticos u otras figuras que lo protejan, está enmarcado en el vigente Código Penal como ‘Delito contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente’, que además de los graves daños al entorno que la misma puede producir, puede acarrear sanciones penales y la restitución del bien jurídico protegido, que podría llegar a la demolición de lo construido.
Asimismo, se quiere resaltar la importancia de la cautela que deben guardar los futuros compradores y/o promotores a la hora de elegir el emplazamiento de compra o futura construcción, debiendo solicitar en su Ayuntamiento toda la información sobre la propiedad, y las licencias y otras autorizaciones necesarias a obtener, ajustándose a lo proyectado por los técnicos.
