En enero de 2016, el Ayuntamiento de Antequera firmó con el Ministerio de Interior un convenio de colaboración para que la Policía Local se integrase en el Sistema VioGén, para el seguimiento integral de casos de Violencia de Género, existente desde 2007. En el PSOE no tienen constancia que dicho acuerdo se haya llevado a la práctica por completo y, por ello, la concejal Déborah León ha reclamado este miércoles la aplicación «efectiva» de este programa en el trabajo de prevención que se hace en la localidad.
VioGén tienen como fin aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en esta materia, integrando toda la información de interés que se estime necesaria, para hacer una predicción del riesgo y realizar seguimientos y acciones de protección a las víctimas en todo el territorio nacional. Igualmente, efectúa una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Antequera y el Ministerio de Interior permite a la Policía Local acceder al sistema y así poder colaborar con los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, no conocen que se haya creado ningún grupo de trabajo al respecto o que haya habido una formación específica de los agentes. “Se firmó hace casi dos años y ha quedado guardado en un cajón”, ha criticado León, para quien este programa reforzaría el “exquisito” trabajo que están realizando la Policía Local en este ámbito.
También considera necesario el desarrollo de este sistema en Antequera, máxime cuando se ha conocido que en lo que va de año se han puesto 54 denuncias y que casi un tercio de las mujeres que lo hicieron no solicitaron ninguna medida judicial cautelar.
Inversión en igualdad
La edil socialista también ha reclamado la puesta en marcha de las Pacto de Estado, que se quieren desarrollar con el pacto de estado sobre la violencia de género, al igual que han hecho sus compañeros de partido y diputados provincial Estefanía Merino y José Antonio Torres. Ambos han presentado en Antequera la campaña del Grupo Socialista de la Diputación con la que están exigiendo al organismo supramunicipal que se triplique la inversión en materia de igualdad.
En el último presupuesto, la partida para esta materia no llegó a los 900.000 euros y quieren que se acerque hasta los 2,7 millones de euros para, entre otros aspecto, reforzar el Servicio de Igualdad de Género, en la actualidad externalizado.
Para los socialistas, “es muy grave” que la atención psicológica y jurídica de las mujeres no esté en manos de la propia Diputación. Además, como ha alertado Merino, una vez se acaben los contratos, el servicio apenas se quedarán con un plantilla de 6 personas, cuando en 2011 había una plantilla de 35.
De total de la inversión exigida, el PSOE apuesta por destinar 600.000 euros para ayudas de emergencia directas a las víctimas y otro medio millón para subvenciones que impulsen el trabajo de las asociaciones de la mujeres municipales. También reclaman 100.000 euros destinados a los ayuntamientos, especialmente para los municipios menores de 20.000 habitantes, “donde hay más riego y violencia de género existe”, como ha apuntado Merino.
Entre sus propuestas también reclaman 100.000 euros para reativar la Escuela Feminista y otros 25.000 para el Consejo de la Mujer, que facilite el desplazamiento de sus miembros a la Diputación; así como la puesta en marcha de una Feria de Mujeres Empresarias, la rehabilitación del edificio de Igualdad de la calle Carreterías, de Málaga.
Por su parte, ha puesto en valor el trabajo del Gobierno andaluz en el ámbito de lo violencia de género, asegurando que 3 de 4 euros previstos invertir en los nuevos presupuestos tendrán una perspectiva de género y recordando los casi 43 millones que se destinará para el Instituto Andaluz de la Mujer.
Igualmente, tal y como también ha reclamado León, ha instado a la devolución de esta competencia a las entidades locales, ya que son la administración que está más cerca de las víctimas.
