Tras la visita realizadas por dos técnicos del Defensor del Pueblo los pasados días 23 y 24 a las instalaciones del futuro Centro Penitenciario Málaga II, de Archidona, donde hay recluidos medio millar de inmigrantes, la institución ha expresado en un informe que el edificio presenta “numerosas carencias” en tanto Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE).
En el documento reconocen que el inmueble presenta mejores condiciones arquitectónicas que cualquiera de los CIE hay en funcionamiento en España, tal y como defendió recientemente el ministro del Interior. Sin embargo, también muestran sus dudas sobre la idoneidad del empleo de una futura cárcel para este fin.
“Los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena -excepto para la comida- sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta ausencia de horario y actividades favorecen los incidentes entre los internos”, señalan en un comunicado emitido este viernes.
El Defensor del Pueblo también ha constatado que esas instalaciones de Archidona “no se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE”. Por todo ello ha presentado una serie de recomendaciones al Ministerio del Interior, comenzando por un reconocimiento médico de todas los inmigrantes y estableciendo asistencia médico-sanitaria las 24 horas. Además, también pide que se garantice a cada interno la disponibilidad de sus objetos personales y de vestuario y su sustitución con una frecuencia aceptable.
Desde el Ministerio de Interior se asegura que ya existe una asistencia médica, reforzando la plantilla de sanitarios, actualmente compuesta por cinco médicos y cinco ATS, que cubren los turnos los siete días de la semana, según han explicado a la agencia EFE.
El Defensor del Pueblo deja constancia en su informe que, según el relato de los internos entrevistados, el traslado al centro se realizó con los ciudadanos extranjeros unidos por la muñeca contraria mediante bridas. Igualmente, la institución exige que las visitas de familiares se puedan realizar realicen sin separación física por mamparas y en condiciones de privacidad, y que se faciliten los medios materiales para que los internos puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a familiares o la persona que determinen.
Otra recomendación es que se sustituyan en las labores de custodia a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE.
«En las mejores condiciones posibles»
La opinión del Defensor del Pueblo, contrasta con la del diputado nacional del Partido Popular por Málaga y portavoz en la Comisión de Interior en el Congreso, Avelino Barrionuevo. “Los internos allí alojados temporalmente están en las mejores condiciones posibles», ha asegurado tras una visita a estas instalaciones realizada por varios representantes en las Cortes de todos los grupos políticos.
Tras comprobar que los internos cuentan con asistencia sanitaria, agua y cocinas, para Barrinuevo, queda «suficientemente acreditado» que ubicar a las inmigrantes en la futura cárcel de Archidona es «la mejor alternativa para dar cobijo y atención con garantías a estas personas».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Interior del Senado, el popular Sebastián González ha comentado que al ser un centro que se iba a poner en funcionamiento «efectivamente habría carencias”, pero también ha querido dejar claro que lo importante es que si se ven algunas carencias, «se detecten, se arreglen y a prestar el servicio en los términos que marca la ley y sobre todo a garantizar fundamentalmente los derechos que los inmigrantes tienen».
Visita del Ministerio Público
La próxima semana está prevista una visita de inspección a la futura cárcel de Archidona por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía, una medida tomada en coordinación con la Fiscalía de Sala de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado.
El objetivo conocer de primera mano las condiciones en la que encuentran el medio millar de inmigrantes, llegados las costas levantinas, procedentes de Argelia, “para velar por sus derechos fundamentales”, según indicado desde la Fiscalía Superior de Andalucía en un comunicado.
