CCOO ha denunciado la agresión ocurrida en la tarde del pasado domingo en la Cárcel de Archidona y ha manifestado que esta agresión «no es un hecho aislado, sino que se repite de manera reiterada».
Sin embargo, a pesar de que esta organización sindical ha presentado varias denuncias ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, parece que «sigue sin abordarse las agresiones al personal penitenciario».
Ante ello, este sindicato ha denunciado que la respuesta del Ministerio con su protocolo ‘PEAFA’ (Protocolo Específico de Actuación Frente las Agresiones) «no sirve para abordar las agresiones, porque las agresiones no se abordan después de producirse, ni son solamente un problema regimental. Las agresiones exigen ser abordadas con la legalidad por delante, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que tiene mecanismos para estas situaciones. Es decir, deben ser evaluadas, prevenidas, corregidas y dar apoyo integral cuando sucedan», reclaman desde el sindicato.
CCOO, como único sindicato de la Mesa de Negociación que no firmó el PEAFA, como sindicato que ha llevado el problema de las agresiones a todos los foros europeos y nacionales, ha denunciado ante la Inspección Central de Trabajo este problema. “Lo hemos hecho con datos jurídicos sólidos y argumentos de hechos suficientes, y lo seguiremos haciendo a cualquier nivel hasta que este problema se aborde con rigor y la integridad del personal no esté cuestionada por ir a trabajar”, ha manifestado la responsable de la Sección Sindical de CCOO en el Centro Penitenciario Málaga II, Mar Vázquez Pedreño.
Para esta organización sindical, las agresiones son «una pandemia de salud pública y el Estado debe de dar respuestas a las exigencias que hacemos los representantes de los trabajadores. Mirar para otro lado, como hasta ahora, sólo agrava el problema o deja al azar que ocurra una desgracia o una explosión de rabia ante tanta impotencia».
Según CCOO «ese compromiso frente a la gravedad de este riesgo laboral en las prisiones españolas compete a todos y todas, en primer lugar, a los organismos que las gestionan y a las autoridades laborales que deben velar porque la legalidad proteja de los riesgos laborales», expuso.
