Con esta movilización, ya son más de treinta las llevadas a cabo por todo el territorio español en lo que va de año.
El próximo jueves 13 de febrero miles de agricultores, ganaderos y cientos de tractores tomarán la carretera y las principales vías de comunicación en Antequera para reivindicar el apoyo al sector primario ante una situación que califican de «insostenible».
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA así como cooperativas-agroalimentarias, desde la unidad de acción, reclamarán con esta protesta que las administraciones competentes «tomen conciencia de la gravedad del problema y se pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de la economía». Un sector que, han recordado, «contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y el espacio natural».
La salida será en Antequera a diez de la mañana desde Torcal (pedanía de Los Llanos, Antequera), y discurrirá por la carretera Córdoba-Málaga, N-331 (para incorporarse a la A-92. Tomando la A-92 hacía la A-7282, desde la salida 102 hasta la salida 152, hacía Antequera), A-7282 (hacia la Carretera de Córdoba, hasta la salida en dirección Cuesta de Talavera (A-343)), Alarife Francisco Gutiérrez (hasta el Recinto Ferial de Antequera).
Una jornada plenamente reivindicativa que se enmarca en la campaña nacional de movilizaciones en la que está inmersa el campo desde el 28 de enero, y que ahora llega al campo malagueño. Con la convocada en Málaga, son ya más de una treintena las reivindicaciones del campo español durante los dos primeros meses del año y que se extenderán, previsiblemente, todo el primer trimestre de 2020.
REIVINDICACIÓNLas organizaciones agrarias llevan un documento de consenso basado en cuatro puntos: Reconocimiento del sector agrario como sector estratégico del país; precios justos; aranceles de Estados Unidos y otros países y el agua.
El Gobierno, según se indica en el documento, «debe tomar medidas para la dignificación de la figura del agricultor y ganadero como empresario. En la actualidad estamos recibiendo ataques por parte de una parte de la sociedad contra nuestro modelo de producción cuando con el trabajo y con nuestro esfuerzo lo único que hacemos generar empleo estable en las zonas rurales, proporcionar alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad siendo la agricultura y la ganadería la única garantía de supervivencia del mundo rural y que contribuye de forma muy decisiva a la sostenibilidad y al medio ambiente», sostienen.
En segundo lugar, solicitan una política de precios justos que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el mantenimiento del empleo. Aluden a la Ley de Cadena Alimentaria, «que tiene que ser de una vez por todas operativa y eficaz». «Existen enormes desequilibrios entre los distintos eslabones de la cadena en lo que afecta a la conformación de los precios de tal forma que el productor sigue siendo el eslabón más débil teniendo que soportar bajos precios en origen no siendo proporcionales a los pagados por el consumidor final», han manifestado.
Respecto al aceite de oliva, han añadido que se deben poner en marcha «auténticas medidas de regulación de mercados de forma que cualquiera que se utilice como es el almacenamiento privado se haga con cantidades que realmente influyan en el mercado no como se ha hecho hasta ahora».
También exigen una «contundente defensa por parte del Gobierno central» de los intereses de este sector, considerando «inadmisible que en la Unión Europea se consienta todo lo contrario a lo que su propio nombre indica». «Admiten por un lado aranceles que lo único que traen es ruina para nuestras explotaciones y por otro permiten que estos mismos aranceles se apliquen de forma discriminatoria por país y producto», sostienen, al tiempo que reclaman que las políticas llevadas a cabo frente a terceros países «impidan la competencia desleal que suponen».
Por último en el manifiesto consideran «inadmisible» que las aguas de ríos y arroyos sigan yendo al mar «y que para cualquier concesión y obra para almacenarla la tramitación sea interminable», criticando los criterios «obsoletos y lentos que lo único que garantizan es sequía para el campo«.
Por ello, reclaman una planificación hidrológica «seria y compatible con la rentabilidad de las explotaciones». «No es posible que no se permitan cambios en las concesiones en las que aun manteniendo las cantidades de agua no se permiten ampliaciones de superficie regada pese a estar amparadas por cambios de cultivo con menor demanda de agua o por la implantación de sistemas de riego más eficientes», añaden.
Las organizaciones agrarias, además, exigen una mejora de las infraestructuras hidráulicas para el máximo aprovechamiento de las aguas.
