Exigen mayores recursos, revisión de los protocolos y mejora de la coordinación entre los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género
Miembros de UGT y CCOO Málaga se concentraron en la Alameda de Colón de la capital malagueña para guardar cinco minutos de silencio. El motivo, mostrar el «profundo rechazo y la más firme condena» ante el nuevo crimen machista ocurrido en Humilladero la semana pasada.
La secretaria de igualdad de UGT Málaga, Cristina García, señaló que ya son 1.213 las mujeres asesinadas por esta causa desde 2003. Y en lo que va de año, 29 mujeres en España, 4 de ellas en Málaga. Con la nueva víctima ya son 8 mujeres asesinadas a nivel andaluz por sus parejas o exparejas. «Es evidente que el actual sistema no funciona, ya que no se destinan los recursos suficientes para ello», dijo.
García añadió que «probablemente, esta situación no va a parar si, además del rechazo de toda la sociedad, no se pone voluntad política y no se aumentan los esfuerzos para eliminar la discriminación y la desigualdad de género en todos los ámbitos». Según señalaron, el año pasado las estadísticas de denuncias de violencia de género fueron más 180.000. «Con esta alarmante cifra no se puede seguir negando la existencia de la violencia contra las mujeres”.
Por ello, han exigido a los diferentes gobiernos que refuercen las medidas de protección para las víctimas, «y se trate de una vez por todas» como una prioridad. «Desde UGT Málaga nos comprometemos a combatir la desigualdad desde la acción sindical, con la negociación de protocolos en las empresas y mostrando nuestro rechazo a todos los comportamientos machistas que son el origen de la infravaloración de las mujeres y la violencia hacia ellas. Es un esfuerzo de todos/as acabar con esta lacra».
Por su parte, desde Comisiones Obreras han pedido que se revise el sistema de Viogen para que ninguna mujer quede desprotegida, pues «en el caso de Carmen, había denuncia y registro, pero los protocolos han fallado».
También han exigido refuerzos en los cuerpos de seguridad especializados en la lucha anti violencia de género, «habida cuenta de que la mayoría de las denuncias en este campo proceden de atestados policiales, concretamente un 87%».
Asimismo, han solicitado que la administración regional lleve a cabo una política de personal responsable y enfocada a mantener y fortalecer las plantillas de profesionales de atención a las víctimas. «No es de recibo que se cese al personal de los juzgados antes de que cumplan los 3 años de antigüedad para evitar aplicar las normas de estabilización del empleo público, con la consiguiente pérdida de profesionales con experiencia acumulada. Trabajadoras sociales y psicólogas especializadas en atención a mujeres maltratadas siguen contratándose como personal de refuerzo coyuntural en lugar de considerarse una necesidad estructural».
«Tampoco nos parece razonable que la Junta de Andalucía continúe derrochando dinero público en mantener el teléfono de violencia intrafamiliar, que apenas recibe dos consultas al día, en lugar de destinar los fondos necesarios para los refuerzos precisos».
En definitiva, «exigimos responsabilidad a las formaciones políticas y demandamos a los distintos gobiernos mayores recursos, revisión de los protocolos y mejora de la coordinación entre agentes implicados».
