Andalucía Acoge ha lanzado una acción a través de la plataforma de incidencia política y social osoigo.com con el objetivo de que políticos del Congreso de los Diputados “se comprometan” a abrir una comisión de investigación para “esclarecer los hechos sucedidos” en la cárcel de Archidona, refiriéndose a la reciente muerte de un inmigrante en este Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de carácter provisional.
Asimismo, a través de un comunicado, esta plataforma informó que este mismo martes “se personó como acusación popular debido a lo sucedido en Archidona”. Además, en la citada herramienta web se explica que para que los políticos respondan a la acción lanzada por la Federación Andalucía Acoge «es necesario un mínimo de 1.500 apoyos» y «si lo consiguen, entre otros, Eva García Sempere (Unidos Podemos), Marta Martín (Ciudadanos) o Nacho Sánchez (PSOE) tendrán que responder a la acción lanzada en la misma plataforma y posicionarse públicamente».
En la petición se expone también «la necesidad de saber qué ha pasado en el Centro Penitenciario Málaga II durante el internamiento de más de 500 personas inmigrantes contra lo que contempla la legislación española» y se añade que «durante estas semanas se ha documentado imposibilidad de pedir asilo, desinterés para atender a menores, intervención de los antidisturbios y una muerte por ahorcamiento».
En este sentido, la sección sindical de Instituciones Penitenciaras de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO denunció ayer «la lamentable gestión del Gobierno y del ministro del Interior» de la política migratoria que puso de manifiesto la muerte del inmigrante en la prisión de la localidad de la comarca de Antequera. Por ello, piden que Juan Ignacio Zoido asuma su responsabilidad por este caso.
«Como en otras ocasiones, el Ministerio del Interior eludirá las consecuencias de sus decisiones políticas ‘mirando para otro lado’, pretendiendo reducir la muerte de esta persona a un mero accidente particular, a una nueva estadística que manipular, con la que argumentar la negligencia, la incompetencia, la prepotencia y la falta de humanidad en la gestión de las crisis migratorias», recalcó el sindicato.
Según CCOO, «se vendió a la opinión pública que la cárcel de Archidona es casi un resort vacacional, justificando el encarcelamiento de cientos de personas por cometer el mayor de los crímenes, ser pobres y soñar con una vida mejor» y a pesar de tener «un CIE vacío en Fuerteventura comiéndose el dinero de los contribuyentes en un vergonzante capitalismo de amiguetes».
Por su parte, el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, aseguró que el centro penitenciario de Archidona es «parecido a un Guantánamo en Andalucía» y afirmó que la situación de esta prisión «se le ha ido de las manos» a Zoido.
Molina consideró que los inmigrantes que se encuentran en este centro «están hacinados», «son tratados como delincuentes cuando en realidad vienen a buscarse un futuro en España» y «no tienen asistencia legal ni jurídica». «Están recluidos en una prisión a veces sin ropa y sin comunicación», añadió.
También pidió que «se atienda con dignidad a los recluidos» y «se paralicen de inmediato medidas como las expulsiones» porque, según apuntó, «hay muchas personas que pueden ser testigos y en la situación de Archidona hay muchos puntos negros y muchas dudas», como el fallecimiento de un interno que «ha encrudecido a todos las Navidades».
De otro lado, el PSOE pidió en el Congreso que se convoque la Diputación Permanente -el órgano que sustituye al Pleno en periodo no ordinario de sesiones- para que pueda debatir y votar la comparecencia de los ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal; Sanidad, Dolors Montserrat; Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; Energía, Álvaro Nadal; Hacienda, Cristóbal Montoro, e Interior, Juan Ignacio Zoido; y Fomento, Íñigo de la Serna.
En concreto, los socialistas quieren que Zoido acuda al Congreso en enero, mes inhábil a efectos parlamentarios, para que explique en la Comisión de Interior la situación de los inmigrantes detenidos en la cárcel de Archidona, su ajuste a la legalidad nacional e internacional y los planes de futuro sobre dicha instalación.
