La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, anunció la pasada semana que todos los ayuntamientos populares de más de 20.000 habitantes contarán con una oficina antiokupación al servicio de los ciudadanos, mientras que la Diputación ofrecerá este asesoramiento técnico y jurídico a los pueblos más pequeños de la provincia, “dada la dificultad de estos municipios para poner en marcha este tipo de herramientas”.
Así lo ha expuesto junto a la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid, donde ha señalado entre el perfil del usuario a los propietarios de buena fe que tienen miedo a poner sus viviendas en alquiler por la inseguridad jurídica generada por el Gobierno en torno a la okupación y la inquiokupación, “para orientarles sobre cómo poner en alquiler sus inmuebles sin correr riesgos de que sea okupada”.
Una oficina, ha añadido, que también estará al servicio de todos aquellos vecinos que hayan sufrido este problema y que necesiten emprender acciones legales o judiciales para resolverlas. “Hablamos de un recurso para nuestros ciudadanos y de una herramienta para incentivar el acceso a la vivienda”, ha explicado.
Navarro, que ha valorado que ayuntamientos como el de la capital ya dispongan de esta iniciativa que hoy se hace extensiva al conjunto de la provincia, ha recordado que Málaga cuenta con más de 150.000 viviendas vacías. Sin embargo, ha añadido, “tenemos una Ley estatal de Vivienda cargada de ideología y que genera inseguridad entre los propietarios para que ni siquiera se les pase por la imaginación ponerlas en el mercado del alquiler; pero es que, además, tenemos una Ley Antidesahucios que ha favorecido claramente la okupación en nuestro país”.
La presidenta provincial ha denunciado la nefasta gestión del Ejecutivo de Sánchez en materia de vivienda, “bien por su mala acción, con leyes malas para el mercado, que han subido precios y reducido la oferta; o bien por omisión, por la ausencia de medidas fiscales que favorezcan la compraventa o el acceso de los más jóvenes a la vivienda y que compensen esas subidas de impuestos de Sánchez y Montero”. “El caso es que en España tenemos la casa sin barrer y sin construir”, ha apostillado, reprochando igualmente a los socialistas su falta de compromiso con la construcción de vivienda asequible.
Además, la dirigente popular ha criticado que “tenemos un Ministerio de Vivienda que en 2024 dejó dos de cada tres euros de su presupuesto sin ejecutar y que, hasta el mes de junio de este año, tenía pendiente de ejecución el 95%”. Todo esto, ha abundado, “no nos hace caer en la inacción ni tirar balones fuera, sino que seguimos avanzando y trabajando con responsabilidad desde las administraciones donde gobernamos para ofrecer al ciudadano soluciones reales”.
Así, ha incidido en que los precios han subido un 35% en los últimos diez años y Pedro Sánchez lleva gobernando más de siete, punto en el que ha contrapuesto las políticas de vivienda del Ejecutivo con la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno para crear un clima fiscal amable, además de simplificar la burocracia y favorecer la inversión y la financiación con herramientas como el aval joven para menores de 40 años, que permite financiar hasta el 95% de la hipoteca.
Navarro ha apuntado que el 30% del coste de una vivienda son impuestos. “Imaginaos, por tanto, el margen que tiene ahí el Gobierno central como la administración con mayor capacidad en el ámbito fiscal”, ha subrayado, valorando la apuesta de la Junta de Andalucía en este sentido y para facilitar esos trámites urbanísticos, agilizar la disposición de suelo y favorecer la construcción de VPO.
Por último, Navarro ha alertado de que, “si a la escasez de vivienda unimos otros problemas como la movilidad ya estamos hablando de un problema económico; por lo que también pedimos al Gobierno que tome nota y que dote a las políticas de vivienda de esa perspectiva económica”. En este sentido, ha recordado que las siete provincias de España con más problemas de acceso a la vivienda mueven el 40% del PIB “y esto debe ser tenido muy en cuenta porque se puede paralizar el desarrollo económico de los territorios”, ha concluido.
