El Ayuntamiento de Antequera repartirá en los próximos días 5.000 dípticos para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano cómo beneficiarse del bono social en su factura de la electricidad.
El documento será distribuido en asociaciones de vecinos y desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor. También estará disponible y se podrá descargar desde la web del Consistorio.
El bono social es un descuento del 25% en el recibo de la luz que ofrece la Administración central, aunque se solicita directamente a la empresa suministradora de la energía. A esta rebaja -válida sólo para la vivienda habitual- se pueden acoger usuarios que están acogidos a la tarifa de último recurso y que tienen contratada una potencia inferior 3kW o son pensionistas con prestaciones mínimas, tienen familia numerosa o en el hogar todos los integrantes están en situación de desempleo.
Según ha explicado este viernes la concejala de Cooperación Ciudadana, María Dólores Gómez, al primer tipo de clientes se les aplicará este descuento de forma automática. El resto, en la solicitud, deberán acreditar su situación con la documentación correspondiente.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ya llevó al Pleno del pasado diciembre una moción para la creación de un plan para paliar la pobreza energética, en la que también se solicitaba una campaña informativa sobre este bono social. La medida fue rechazada con el voto mayoritario del PP. “Evidentemente nos votaron que no, porque aunque era una buena idea no se les había ocurrido a ellos”, ha manifestado hoy en su cuenta de Facebook el portavoz de la formación, Fran Matas, para quien el Gobierno municipal ha copiado y se ha apropiado de la iniciativa de IU.
Según Gómez, la campaña se ha iniciado ahora, tras la validación que hizo a finales de enero el Pleno del Congreso de los Diputados al Real Decreto Ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Entre las novedades que incluye esta normativa están que las compañías eléctricas deberán esperar ahora hasta cuatro meses de impagos antes del corte de la energía y nunca lo podrán hacer a familias tutelas por Servicios Sociales.
