El alcalde acusa al Gobierno de «chantaje» por obligar a los jóvenes a examinarse en Málaga si no aceptan y propone que se exima a los empadronados de la tasa
El Partido Popular ha denunciado públicamente lo que considera un «chantaje inaceptable» por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Ministerio del Interior en relación a la digitalización de los exámenes teóricos del carnet de conducir con la implantación de aun aula informatizada. Según el alcalde, Manolo Barón, el Ejecutivo central pretende trasladar al Ayuntamiento toda la carga económica y técnica de esta medida. El acuerdo obligaría al Ayuntamiento a asumir íntegramente los costes de instalación y mantenimiento de la infraestructura, estimados en unos 125.000 euros.
Entre las exigencias figuran la cesión permanente de una sala de al menos 30 metros cuadrados, climatizada y equipada con 15 puestos informatizados, auriculares y pantallas táctiles, así como la contratación de seguridad permanente, asistencia técnica municipal y conexión independiente a la red con una velocidad mínima de 100 megas, etc.
Según ha afirmado el alcalde, la DGT ha advertido de que, si el Ayuntamiento no firma el convenio, los vecinos de Antequera y la comarca tendrán que desplazarse a Málaga para examinarse del teórico. «El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico se quieren llevar a nuestros jóvenes, a los que quieren hacer el examen y obtener su carnet de conducir, a Málaga para hacer los exámenes. Exámenes que se están haciendo desde hace décadas en Antequera, exámenes que vienen chavales de la comarca, de nuestra propia ciudad, de otros pueblos de alguna provincia de Sevilla, de Córdoba, de Granada que están cerca de nosotros», ha reiterado el primer edil.
El alcalde ha recordado que Antequera ya colaboraba con la DGT cediendo temporalmente instalaciones municipales y facilitando apoyo logístico para los exámenes. No obstante, para el regidor, el nuevo convenio, excede sus competencias y responsabilidades. «El ministerio quiere que todo eso lo paguen los antequeranos y si no lo pagan y no pasan por taquilla, automáticamente los castiga llevándoselos a la capital para que se desplacen y no los puedan hacer en Antequera con el consiguiente perjuicio», ha criticado.
Para el alcalde, lo más justo sería que la DGT eximiera a los empadronados en la ciudad de pagar la tasa de 95 euros por examinarse. Solo así firmarían el acuerdo. «Ellos cobran las tasas de exámenes y nosotros los financiamos. No permitiré que un antequerano pague por un examen lo que el resto de españoles paga solo una vez», ha subrayado.
Antequera ha sido el primer municipio en manifestar públicamente su rechazo al convenio. El PP ha coordinado también una respuesta a nivel provincial, ya que la misma situación afecta a otras localidades malagueñas como Ronda, Marbella y Vélez-Málaga. Además, el partido llevará el asunto al Congreso de los Diputados para solicitar explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La DGT prevé poner en marcha los nuevos exámenes digitalizados a comienzos de 2026.
FinanciaciónEn este sentido, Barón ha lamentado que el Gobierno no haya aprovechado los fondos europeos Next Generation para financiar este proceso de digitalización, destinados precisamente a la modernización de los servicios públicos.
Por el contrario, la subdelegación del Gobierno en Málaga, ha lamentado en un comunicado la actitud de «confrontación» del Ayuntamiento con la Administración central «en lugar de buscar soluciones para los vecinos de sus municipios y para el sector de las autoescuelas».
En este sentido defienden que en el convenio de colaboración «únicamente se pide a los Ayuntamientos que habiliten una sala informatizada para poder llevar a cabo los nuevos exámenes que incluyen pruebas con vídeos y que los vecinos de estas localidades no tengan que desplazarse a Málaga a realizarlos».
Por último, han propuesto que, si no pueden sufragar los costes del aula, pidan auxilio a la Diputación de Málaga «que asume sin ningún reparo proyectos millonarios en municipios mayores de 20.000 gobernados por el PP y que no son de su competencia», han concluido.
