Para ejecutar este programa, la provincia contará con un presupuesto de 4,8 millones de euros, de los que cerca de 3,3 son aportados por la Junta y 1,5 por los municipios y la Diputación Provincial. Con ello se espera llegar a más de 1.200 familias y atender especialmente a 2.400 menores.
El delegado provincial del Gobierno autonómico, José Luis Ruiz Espejo, ha subrayado la importancia de este “programa de acción social directa sobre un colectivo tan vulnerable como el de los menores y, por ende, sus familias”, a través del cual se proporciona un tratamiento específico e integrador para facilitar la adquisición de pautas rehabilitadoras.
Según ha explicado Ruiz Espejo ha explicado que el programa tiene unos objetivos muy concretos: “como mitigar los factores de riesgo para evitar la separación de los menores del seno familiar”, siempre velando por el interés del menor. Igualmente, se pretende capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos, evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y su integridad; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.
“Se trata de preservar los derechos de los menores y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores”, ha recordado la Delegación en un comunicado.
Por su parte, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Begoña Tundidor, ha recalcado la importancia que tienen los Equipos de Tratamiento Familiar que trabajan desde los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones provinciales como herramienta de cercanía a la ciudadanía, como “puerta de entrada al sistema de protección de la administración”.
“Aquí es donde entra en juego un trabajo que parte de un tratamiento específico, integral, interdisciplinar e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo social que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores”, ha agregado Tundidor.
Labor preventivaEl programa atiende principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores por parte de la Administración autonómica.
Por su parte, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Begoña Tundidor, ha recalcado la importancia que tienen los Equipos de Tratamiento Familiar que trabajan desde los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones provinciales como herramienta de cercanía a la ciudadanía, como “puerta de entrada al sistema de protección de la administración”.
“Aquí es donde entra en juego un trabajo que parte de un tratamiento específico, integral, interdisciplinar e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo social que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores”, ha agregado Tundidor.
Labor preventivaEl programa atiende principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores por parte de la Administración autonómica.
Este acuerdo forma parte de los 90 convenios que suscribirá la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, y las ocho Diputaciones Provinciales; que aportan como novedad la garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local.
