El Ayuntamiento de Campillos ha retirado la bandera de la Unión Europea de los mástiles municipales situados en el Parque José María Hinojosa, la Jefatura de la Policía Local y en el Salón de Plenos del Consistorio, como protesta por el «increíble acuerdo» alcanzado por los estados miembros y Turquía sobre la posibilidad de expulsión de refugiados, sin la posibilidad de solicitar asilo.
El Gobierno local, liderado por Izquierda Unida -apoyado del Partido Popular en la investidura-, ha querido mostrar de esta manera su rechazo a la medida, ya que no quiere que el pueblo pueda «convertirse en cómplice de unos acuerdos vergonzosos y vergonzantes que atentan contra los derechos fundamentales de las personas».
El Ayuntamiento campillero considera que este pacto «viola» los derechos humanos. «Si el éxodo de refugiados a Europa ha puesto de manifiesto la crisis moral de la UE, que ha seguido en los últimos años una política errática sobre materia de refugiados y derecho de asilo, con esta medida, el Parlamento Europeo se aleja de la legalidad, ya que se trataría de una expulsión colectiva prohibida por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, complementado por el Protocolo de Nueva York de 1967″, ha manifestado el Consistorio en un comunicado.
Entes sentido, ha recordado que dicha convención reconoce como refugiados a las personas que, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión pública; se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de ese país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes hubieran tenido su residencia habitual, no puedan o quieran regresar a él. Además de que los firmantes se comprometen a no devolver o expulsar a un refugiado a un país donde su vida o su libertad peligren.
Como recuerdan desde el Ayuntamiento, los estado de la UE están conformen con estos tratados internacional, además de firmar otros como el Acuerdo Schenguen, en el que se comprometen a examinar cualquier solicitud de asilo presentada por un extranjero en el territorio de cualquiera de los Estados miembros y, si el solicitante hubiera entrado en el espacio Schenguen, deberá hacerlo el Estado por cuya frontera la persona hubiera accedido.
También los países comunitarios firmaron en su día la Convención de Dublín de 1990, en el que se establece que las demandas de asilo deberán ser presentadas en la frontera del primer estado miembro de la UE al que los refugiados accedan, el cual deberá decidir sobre la solicitud, «lo que ha provocado el asentamiento de precarios campos de refugiados en la periferia de Europa donde se está dando a los refugiados un trato degradante e inhumano», concluyen en la nota.
