El internamiento de más de medio millar de inmigrantes en las instalaciones, aún si usar, del Centro Penitenciario Málaga II, de Archidona, ya ha llegado al Defensor del Pueblo. Miembros del Grupo Parlamentario Socialista han mantenido este jueves una reunión con el máximo responsable de la institución, Francisco Fernández Marugán en la que le han solicitado que intervenga en la investigación y el esclarecimiento de la actuación del Gobierno central en este asunto.
Para los socialistas, que el Ministro del Interior haya habilitado la futura cárcel como si fuera una Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de forma provisional, sin norma alguna que fundamente la decisión es una vulneración de los derechos y libertades de estas personas, llegadas recientemente a las costas de Murcia y Almería y procedentes, en su inmensa mayoría, de Argelia.
En el escrito presentado a Fernández Marugán, el Grupo Socialista recuerda que la legislación establece que los lugares de internamiento no pueden tener carácter penitenciario y deben estar dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios, cosa que no ocurre en Archidona. “La medida incumple la normativa española, europea e internacional en materia de derechos humanos, al internar en un establecimiento penitenciario a personas que no han sido sentenciadas a penas y medidas penales privativas de libertad, ni tienen la condición de detenidos o presos”, han subrayado.
El Grupo Socialista también ha presentado a la Mesa del Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo central aclare, en primer lugar, por qué se decidió trasladar los inmigrantes hasta Archidona -cuando la cárcel lleva cinco años de retraso- y no en algunos de los siete Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) que hay en España, y hasta cuándo estiman tener a los inmigrantes recluidos allí. Igualmente quieren conocer cuántos menores extranjeros no acompañados hay -la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga asegura que hay uno-, y mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, qué tipo de personal está trabajando con ellos o cuántos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se han destinado a las instalaciones. También cuándo se piensa tener solventados los problemas de abastecimiento de agua y cómo se está dando solución por ahora.
Ante esta situación, los socialistas han solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que dé explicaciones esta situación. “Esto es intolerable, es ilegal y constituye sencillamente una auténtica barbaridad. ha afirmado el diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia.
Por su parte, el secretario provincial del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido hoy al Gobierno una rectificación “inmediata” de este internamiento. “Ante una situación excepcional y de emergencia por la llegada masiva de inmigrantes hay que responder de forma que en ningún momento se violen los derechos humanos ni las normas legales españolas e internacionales: se debe responder con políticas migratorias sensibles y adecuadas y en los países de origen”, ha dicho.
En opinión de Ruiz Espejo, “hay que trabajar de forma coordinada con las ONG, que realizan un trabajo de sensibilización y concienciación en este sentido”. “El PSOE de Málaga estará al lado de las ONG para mejorar la atención que deben recibir estas personas cuando llegan a nuestro país”, ha subrayado.
Unidos Podemos también ha pedido explicaciones por este asunto al Ministerio del Interior y ha solicitado información sobre el juzgado que está realizando las funciones de control jurisdiccional de estos inmigrantes y los servicios que se están ofreciendo en las instalaciones del centro penitenciario. También han preguntado al Gobierno “si considera que dicha actuación es conforme a la actual normativa de extranjería, a la doctrina constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Archidona ha mostrado su indignación por usarse por primera vez en España un centro penitenciario como lugar de realojo de inmigrantes y ha exigido al Ministerio del Interior “el máximo respeto para esas personas que vienen huyendo de la miseria y de las difíciles circunstancias políticas y sociales de sus países de origen”, para que su estancia en estas instalaciones “se ajuste a la dignidad en su trato y a los derechos humanos”.
La Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga, ya mostró ayer su desacuerdo con este internamiento, reclamando al Gobierno que diera un paso atrás y libere al medio millar de inmigrantes recluidos en Archidona. “La medida era y es absolutamente innecesaria y estamos convencidos de que el Ministerio del Interior no ha explorado las vías que tiene para dar respuesta a esta situación”, afirmó el director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina. Para el portavoz de la plataforma, Gabriel Ruiz, es una verdadera “barbaridad encarcelar a las personas que vienen a buscarse una vida mejor en nuestro país y que han hecho un viaje en unas condiciones lamentables”.
