Alertan sobre la realidad diaria que viven los centros educativos que, aseguran, siguen estando como al principio de la pandemia: «En una situación de indefensión permanente»
La sección sindical de USTEA del IES Luis Barahona de Soto de Archidona ha denunciado la falta de medidas para frenar los brotes y el avance del Covid-19 en las aulas.
En su caso, este instituto de Educación Secundaria y Bachillerato ha alcanzado ya los 54 casos confirmados de coronavirus desde que comenzó el nuevo trimestre después de las vacaciones de Navidad, y en una misma clase la cifra de positivos es de 6 alumnos, un 23% del total, además del profesor que imparte en este grupo.
«Siete días después del primer positivo confirmado, las administraciones no han tomado ninguna medida a pesar de que los siguientes contagios han mantenido una relación directa con los primeros en cuanto a cercanía de pupitres». En este sentido, recriminan que ni las autoridades sanitarias ni educativas han decretado ningún cierre del aula, a pesar de que venga recogida esta posibilidad en el protocolo. «Aun estando este grupo en una situación reconocida de brote, no se está tomando ninguna medida para acabar con la transmisión en dicha clase. Por el contrario, se apuesta por la gripalización en la práctica del Covid, dejando que nuestro alumnado se contagie al estar éste, suponemos, vacunado en su mayoría, aunque eso pueda suponer un riesgo evidente para familiares del alumnado, así como para el profesorado y sus familias«.
Es por ello que piden a las administraciones que tomen con urgencia cartas sobre el asunto ya que el personal sanitario y educativo no tiene medios ni competencias suficientes como para poder hacer frente a esta sexta ola. «Aunque los centros educativos lleven a rajatabla los protocolos anti Covid es inevitable que cuando las incidencias se disparan en el conjunto de la sociedad, esto también ocurra en el aula».
Hacen referencia a la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad a causa de las ratios y de las propias infraestructuras, así como al hecho de que es imposible asegurar si las mascarillas del alumnado se reponen a diario o al contrario son reutilizadas. «La administración debería abastecer al conjunto de la comunidad educativa de mascarillas FFP2. Esta cuestión no puede en ningún caso depender de las capacidades económicas de cada cual». Además, exigen que cubran «de manera efectiva» todas las bajas del profesorado ocasionadas por el virus.
Por último, inciden en que, dos años después del inicio de la pandemia, la comunidad educativa sigue estando como al principio, «en una situación de indefensión permanente».
