A través de la lectura de un manifiesto, desde el Colegio de Abogados de Antequera han querido reconocer el trabajo cotidiano de los 44.000 abogados y abogadas del Turno de oficio y la gestión de los Colegios de la Abogacía incidiendo en su carácter “indispensable e insustituible para materializar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en nuestra Constitución, donde reside la esencia de nuestra democracia”.
Desde el Colegio de Abogados de Antequera perciben con “profunda preocupación el maltrato sistemático del que están siendo objeto quienes, a pesar de las lamentables condiciones en que se presta, continúan haciendo realidad ese derecho esencial para que podamos reconocernos como una democracia moderna”.
“La Justicia Gratuita no puede seguir siendo ni un solo día más la gran olvidada de un sistema de garantías que genera nuevos derechos y obligaciones sin incorporar más medios ni mejorar las condiciones de trabajo de quienes finalmente lo hacen realidad”, insistiendo en la necesidad de que se lleve a cabo una urgente actualización.
“La permanente alusión de los poderes públicos a la necesidad de proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad de la sociedad no puede arrinconar uno de los servicios públicos esenciales como es la Justicia Gratuita”, ya que, tal y como han informado desde el organismo, “supone abandonar a su suerte precisamente a quienes se encuentran en peor situación de entre la ciudadanía golpeada por la crisis”.
Por ello, el conjunto de las instituciones colegiales exige una solución “urgente y efectiva” para el abono de los servicios prestados por el turno y no retribuidos como consecuencia de una mala práctica legislativa persistente.
Además, también han hecho alusión a que las manifestaciones de los poderes públicos en defensa de la protección de las víctimas de violencia de género y de los derechos de los migrantes “deben ir acompañadas de una imprescindible mejora de las condiciones para quienes desde la abogacía luchan cada día por ganar terreno a su histórica indefensión”.
“Las manifestaciones políticas de compromiso y apoyo a la Justicia Gratuita que no se sustancian en un incremento de la inversión económica no hacen más que ahondar en el sentimiento de abandono que recorre la profesión y que se visualiza en el hartazgo de numerosos compañeros”, han explicado.
Por ende, el principio constitucional de que ningún ciudadano puede afrontar un proceso legal sin contar con un abogado y que este fundamento está en el corazón del compromiso social de la abogacía “no puede utilizarse como coartada para aplazar indefinidamente la dignificación de un servicio que se percibe como de una enorme calidad y se materializa a un coste ínfimo para el Estado”, han concluido.
