La moción aprobada explicaba que este proyecto de ley supondrá el despido de 40.000 trabajadores públicos en Andalucía, ya que quitará competencias y financiación a los ayuntamientos. Asimismo, añadía que las diputaciones provinciales serán las que asuman la prestación de los servicios, lo que supondrá su previsible privatización, y que la reforma elimina o pone en peligro programas de servicios que estaban llevando a cabo los ayuntamientos, como los prestados a la dependencia, los discapacitados, los servicios de igualdad de género, así como otros educativos o culturales, como las escuela infantiles o de música.
Según el texto, la ley de Reforma de la Administración local desarrolla la Ley de Estabilidad Presupuestaria en función de criterios mercantiles por encima de los servicios públicos. En el caso de los pequeños municipios, la reforma impedirá crear empleo el mundo rural, ya que los ayuntamientos contratan para sus servicios a los propios vecinos de la zona, como es el caso de la limpieza viaria.
“Esta reforma supone una involución que llevará a las administraciones locales a la etapa preconstitucional, vaciándolas de competencias y recentralizando los servicios en las diputaciones provinciales, que no son elegidas directamente por la ciudadanía”, expone la moción.
