El PSOE lleva solicitando estas bonificaciones desde hace más de año y medio. A pesar de contar con el visto bueno de la Cámara local, el pasado mes de marzo criticaron que doce meses después no se hubiera activado aún el procedimiento para ello. Ahora vuelven a reclamar que se articulen unas ayudas para permitir no sólo costear el informe o la tasa municipal, sino también la licencia de obras e incluso se pudieran extender a las propias actuaciones que requiriera el edificio, a nivel de estructura, accesibilidad o eficiencia energética.
Según ha explicado la concejala Déborah León, en la actualidad, sólo la tasa municipal del informe tiene un coste que ronda los 50 euros para inmuebles de hasta unos 250 metros cuadrados de superficie -que aumenta en tramos cada 250 metros-. A ello hay que sumar la elaboración del documento por parte del técnico. En caso de que sea positivo, el edificio ya no se volvería a revisar hasta dentro de 10 años, pero si es negativo a los gastos habría que añadir las tasas de las licencia de obras y las actuaciones de mejora, «lo que puede ser un montante bastante considerable«.
La idea del Grupo Socialista es que los inmuebles afectados por esta ordenanza presenten sus peticiones, pero que las ayudas se repartieran por vecinos, ya que consideran que la medida debe estar destinada para familias con bajos ingresos, especialmente aquellas por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): 532,51 euros al mes.
En el PSOE están convencidos de que se puede articular estas ayudas, ya que según ha apuntado León, el Presupuesto Municipal, «como mínimo, se va a ampliar lo que crezcan los recibos del IBI (Impuesto de Bienes Imuebles), después de la revisión catastral». «Por ahí estamos teniendo un ingreso adicional, todavía no comprometido, con el año que viene», ha incidido, sobre la fórmula para encontrar los recursos económicos para poner en marcha la medida.
La edil socialista entiende que, dado que se conocen las viviendas que deberán ser evaluadas, se podría establecer una cuantía inicial en las cuentas municipales, «que puedan modificarse en función de los requerimientos o necesidades adecuadas».
Otras ayudas
León también ha dejado claro que las ayudas propuestas por su partido serían «totalmente compatibles» con subvenciones de otras administraciones, como las que ofrece la Junta de Andalucía para viviendas colectivas que necesiten realizar obras para subsanar infraestructuras básicas y mejorar la accesibilidad o eficiencia energética. «No consiste sustituir recursos de otra administración, sino complementarlos para que las familias tengan todos los recursos a su disposición y ponérselo fácil», ha insistido.
En opinión de la concejala, «lo mínimo» que debería hacer el Gobierno local es facilitar a las familias recursos con los que puedan hacer frente a una medida que nace de una ley estatal «nefasta», puesta en marcha en 2011 y con muchas familias sufriendo una situación de «asfixia» económica.
