La formación reclama que se eliminen las contratas y se presten dichos servicios a través de empresas públicas existentes, a partir de los plazos acordados; así como el cumplimiento de la legalidad vigente respecto a las acreditaciones profesionales de este colectivos -hoy en día bajo el convenio de venta telefónica- y la “Inmediata readmisión de las ocho trabajadoras despedidas del 061 de Málaga y “retirada de las sanciones, fruto de las reivindicaciones de las plantillas por unas condiciones laborales dignas”.
Como recuerda IU, estas empresas privadas adjudicatarias del servicio Arvato Qualytel e Ilunion Emergencias está ubicadas en edificios públicos, utilizando todos los equipamientos, desde las líneas de teléfonos, ordenadores, hasta el resto de complementos, y los suministros que sufraga la Junta con dinero de todos los andaluces.
Desde hace más de año y medio, los trabajadores vienen reclamando, al margen de su reconocimiento laboral, acorde con la función que realizan, que se cumpla al menos el actual convenio. Como recuerda IU en su moción, Ilunion Emergencias del (grupo ONCE) “ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por fraude en la contratación y múltiples incumplimientos laborales, también por la agencia Española de Protección de Datos y reiteradamente sancionada y condenada por los tribunales de justicia por violar Derechos Fundamentales de sus trabajadores”.
Por todo ello, las plantillas exigen la conversión a un servicio público, con la puesta en marcha de un concurso-oposición. “Somos trabajadores con mucha experiencia, algunos con más de 25 años en el servicio y entendemos que tenemos que tener una estabilidad”, ha manifestado en Antequera este martes Lola Bueno, gestora en emergencias sanitarias despedida hace un año.
