Izquierda Unida preguntará al Parlamento de Andalucía la situación en la comunidad de la ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, «respondiendo a una vieja reivindicación de las mujeres que han venido compartiendo con los hombres las tareas agrarias, pero sin el reconocimiento jurídico, económico y social», según ha apuntado la parlamentaria antequerana Lola Quintana, quien ha comparecido junto al portavoz del grupo municipal, Fran Matas. Así la ley mandata a las comunidades autónomas a establecer la forma jurídica a la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias y para ello debían habilitarse registros oficiales, trámite que en Andalucía no se ha realizado. Por ello IU insta a que de forma urgente se acometan las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Así mismo la parlamentaria andaluza Lola Quintana ha dado a conocer interesantes datos sobre el impacto en nuestra provincia sobre el Plan de Fomento del Empleo Agrario en el año 2013, asi por ejemplo se pudo conocer que en nuestra provincia se destinaron en el año 2013, 78,5 millones de euros a dicho Plan realizándose 2000 proyectos, empleando a 80.000 personas y generando cerca de 2 millones de jornales. En lo que respecta al año 2014, las previsiones que ha fecha de hoy baraja la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de inversión para la provincia de Málaga es de 4.922.560,36 euros, con una previsión de 314 proyectos, 229.224 jornales y 11.373 empleos.
En otro orden de cosas el portavoz municipal de IU en Antequera ha dado a conocer las líneas maestras del reciente publicado Decreto-Ley que regula el Programa de impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para el 2014 y 2015. En este sentido Matas ha indicado que se trata de una puesta valiente de la administración autonómica por el cambio de modelo productivo en la comunidad.
El espíritu de este Decreto es la puesta por la rehabilitación de lo ya construido como segunda oportunidad para el sector de la construcción en la comunidad y la eficiencia energética como objetivo prioritario, en un momento en el que las tarifas energéticas «machacan a la población y ante la pasividad del gobierno central en esta materia resulta imprescindible adoptar medidas al objeto de paliar los efectos de esta crisis energética» ha afirmado Matas.
