La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, se ha referido este martes a la situación generada en el municipio por la llegada de inmigrantes irregulares a la nueva cárcel, aún sin inaugurar y que se ha convertido de manera excepcional como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Así, ha asegurado en que los próximos días convocará una Junta Local de Seguridad extraordinaria, en la que participarán responsables municipales, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y representantes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
Esta medida, según la regidora, se toma tras observar un “mayor movimiento de personas en el municipio, familiares y otros que dicen ser familiares de los inmigrantes internos en el centro penitenciario, así como concentraciones espontáneas a la entrada de la prisión, que obligan a la Guardia Civil a tener que desplazarse”. Por ello, pide un aumento de la seguridad en el núcleo urbano y en las zonas cercanas a la cárcel.
De igual forma, la munícipe se ha referido a la reunión mantenida ayer con el secretario de estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien le trasladó que la medida adoptada por el Ministerio del Interior de trasladar a los inmigrantes hasta Archidona “estaba avalada por los órganos judiciales” y es “temporal y excepcional”.
Asimismo, señaló a la alcaldesa, según ella misma, que “todo lo sucedido había sido fruto de la avalancha de inmigrantes irregulares llegados a las costas de Murcia y Almería, y la situación de saturación en los distintos Centros de Internamiento de Extranjeros existentes en nuestro país”.
“Me informó de que esta medida durará 60 días como máximo y se está trabajando con el Gobierno argelino para que el traslado de los inmigrantes se realice en el menor tiempo posible”, ha asegurado Montero, quien también ha reconocido que Nieto le apuntó que “si esto se pudiera realizar en solo 30 días, se haría en ese tiempo”.
Igualmente, el responsable del Gobierno le trasladó que “la próxima apertura del centro penitenciario se fijaba en los próximos meses de enero o febrero, justificando que esta prisión es estratégica y la consideran de vital importancia para reubicar reclusos de otros centros penitenciarios”
“Yo le mostré primero la preocupación por la falta de previsión y, sobre todo, por la improvisación, además de mi preocupación sobre el trato que están teniendo los inmigrantes. Exigimos el cumplimiento de la legislación vigente en materia de inmigrantes en situación irregular”, ha manifestado la regidora.
Montero le pidió a Nieto que “el centro penitenciario se destine a la actividad para la que se había construido y que se cumpla la fecha prevista de inauguración”, así como ha vuelto a incidir este martes en que “esta situación de internamiento es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Interior”.
“El Gobierno justifica el traslado de inmigrantes porque viene avalado por los autos de los jueces. Quiero manifestar que esos autos recogen que se internaban en un centro no penitenciario de internamiento de extranjeros de la Jefatura Nacional de Policía, lo cual me dejó sorprendida”, ha explicado la regidora.
“Estoy preocupada de que estas personas estén dignamente atendidas y con el trato que se merecen todos los seres humanos, así como que las leyes de los derechos humanos se estén cumpliendo desde el punto número uno hasta el último”, ha apuntado Montero, que previsiblemente visitará la cárcel el próximo viernes.
En cuanto a la situación del agua potable, la munícipe ha recalcado que ésta “no ha cambiado”. “Se están suministrando con agua embotellada. El Ayuntamiento no ha podido facilitar agua de la red municipal porque todavía está a falta de cierta documentación que nos impide hacerlo de forma legal”, ha añadido.
Además, la máxima responsable municipal ha advertido que Nieto le trasladó que “había desperfectos en la cárcel y hay que acometer arreglos, aunque no se el alcance de los mismos”.
