El pasado verano, el actual Gobierno municipal, liderado por el PSOE y apoyado por el Partido Popular, llevó ante el Juez Decano de Antequera parte de un informe elaborado por una consultoría, encargado para estudiar expedientes sobre actuaciones llevadas a cabo en el mandato anterior, en el que gobernaba Izquierda Unida.
En el Consistorio había dudas sobre la legalidad de un préstamo de 650.000 euros, la venta de arcilla del polígono Royán Bermudo, la condonación de la factura del agua del camping del municipio entre el 2011 y 2015 y la formulación de la sociedad del TecnoParque.
En IU están convencido de que no se cometió ningún delito en cada una de estas medidas. Respecto a la primera aseguran que se pidió para que los inversores que adquirieron una parcela, que no fueron entradas a tiempo, pudieran recuperar su dinero, mientras que sobre la deuda del agua exponen que no se cobró a la empresa que gestionaba las instalaciones para compensar unos fallos en unas obras.
El Ministerio Público considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, abriendo diligencias previas con el fin de investigar los hechos denunciados en profundidad.
