Los diez proyectos de Fomento que había en marcha antes de la crisis por alerta sanitaria de Covid-19 están de nuevo activos. Los constructores y promotores de la provincia reclaman en una reunión con la delegada del Gobierno andaluz unificar criterios en los pliegos de contratación pública y trámites telemáticos.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y la responsable territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, han mantenido hoy una vídeoconferencia con los representantes de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (APCPM) en la que se ha puesto de manifiesto la voluntad de la Junta de Andalucía a impulsar la obra pública en la provincia.
El compromiso ha sido poner en marcha todas las contrataciones paralizadas y aquellas iniciadas y pendientes, en cuanto el Gobierno de la Nación lo permita, mediante el procedimiento de urgencia para acortar plazos, actualmente en suspenso por el recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional.
“Tenemos claro que hay que reforzar el sector todo lo que podamos y que la inversión en infraestructuras es imprescindible para salir de la crisis en la que nos ha metido esta pandemia del coronavirus”, ha subrayado Navarro, quien reconoce y agradece “todo el esfuerzo, trabajo y predisposición del sector ante la situación sobrevenida”.
Más de 1.300 constructoras y 7.400 empleos se han visto afectados por ERTEs en la provincia, por lo que la delegada del Gobierno ha querido conocer de primera mano los problemas y preocupaciones del sector en Málaga a través de una videoconferencia con el presidente general de los constructores, Juan Manuel Rosillo, el presidente de los promotores, Ignacio Peinado, así como la secretaria general de APCPM, Violeta Aragón.
Todos han agradecido el encuentro convocado por la Junta y han trasladado varias problemáticas, entre las que destacan la necesidad de unificar criterios en los pliegos de condiciones de obra pública y la posibilidad de gestionar los trámites de forma telemática, así como sacar licitaciones destinadas también a la pequeña y mediana empresa.
La construcción “aporta mucho al turismo también y es preciso en estos momentos generar contratos de menor cuantía quizá para las pymes, que puedan contribuir a la puesta en valor de infraestructuras” que son relevantes también para el sector túrístico, ha indicado Rosillo.
Peinado ha incidido en la necesaria revisión de la fiscalidad aplicada a la vivienda, cuestión que también están trasladando al Gobierno de la Nación, para ayudar en el acceso a la vivienda de jóvenes y familias con ingresos afectados por esta difícil situación, y también, medidas concretas de apoyo al “turismo residencial”, ya que genera más del 10% de nuestro PIB. “Tenemos que seguir siendo líderes en España en atracción de nuevos residentes, y para ello, debemos ofrecer ventajas competitivas, que ya ofrecen otros países de nuestro entorno”, ha agregado.
Desde la asociación han solicitado también avanzar más en la bonificación de tributos, rebajas fiscales y desgravaciones en el ámbito de vivienda y recuperar el ritmo en la ejecución de las obras en marcha.
Diez obras en la provincia
A este respecto, la delegada territorial de Fomento ha asegurado que las diez obras activas antes de la crisis en la provincia de Málaga se han retomado ya, como pueden ser el metro, los accesos al PTA, el Puerto Seco de Antequera o la variante de Arriate, así como proyectos de vivienda pública.
A todo esto hay que añadir otras actuaciones correspondientes a distintas consejerías, como la construcción de centros educativos, las infraestructuras para depuración de aguas residuales y colectores y el proyecto del nuevo hospital de Málaga en los terrenos del Hospital Civil; “obra pública que servirá para reactivar nuestra economía sin duda”, según la delegada del Gobierno andaluz.
En cuanto a las medidas fiscales, la Junta de Andalucía ya inició la legislatura con la bonificación y rebaja de impuestos como el del IRPF, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; todos ellos con efectos “que son beneficiosos para el sector de la construcción”, ha señalado Navarro.
